La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del desmonte y la tala de bosques nativos, que estaban autorizados por el gobierno de Salta, en cuatro departamentos de la provincia. En un fallo unánime, el máximo tribunal hizo lugar a una medida cautelar presentada por dieciocho comunidades indígenas. La Corte también convocó a una audiencia pública para el próximo 18 de febrero en la que deberán exponer sus argumentos el gobierno provincial, el Estado nacional y las comunidades afectadas.
"Este fallo implica un enorme logro en la larga lucha que las organizaciones e instituciones que formamos parte de la Mesa de Tierras de Salta venimos llevando a cabo para que se aseguren los derechos a las tierras y territorios de los pobladores, comunidades indígenas y familias campesinas, y la posibilidad de vivir en ellas con sus propias pautas de cultura", dijo hoy Pablo Frère, director de Fundapaz, desde la oficina en Salta de la conocida ONG, en declaraciones a Prensa Proteger.
El fallo pone un freno a la deforestación de unas 807.000 hectáreas, autorizada por el gobierno de Juan Carlos Romero, antes del 10 de diciembre de 2007. No incluye los permisos que aprobó recientemente la Legislatura provincial, mediante la llamada ley de "ordenamiento territorial", que "no sólo convalida las anteriores autorizaciones, sino que establece nuevos territorios que pueden ser desmontados", dijo por su parte a Página/12 la abogada Mara Puntano, patrocinante de la comunidad guaraní Estación Tabacal, una de las demandantes.
Entre otros argumentos, la presentación de las comunidades indígenas wichí y guaraní y una organización de pequeños productores se basa en la defensa del derecho constitucional a vivir en "un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano", condiciones que serían vulneradas por la deforestación indiscriminada. La resolución de la Corte Suprema lleva las firmas del presidente Ricardo Lorenzetti y de los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
Cercados por el desmonte
"Desde que nos desalojaron de nuestras tierras no podemos criar animales ni dedicarnos a la agricultura. Vivimos en un asentamiento donde la mayoría está desocupada", relató Mónica Romero, de la comunidad guaraní Estación Tabacal, que mantiene un largo conflicto con la Seabord Corporation, dueña del Ingenio San Martín, una de las empresas que más ha desmontado su territorio, en el departamento salteño de Orán.
Según las organizaciones, en el último trimestre de 2007 se registró "un abrupto incremento en los pedidos de autorizaciones" para desmonte, lo que atribuyeron a que en ese momento era inminente la sanción de la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos. "Las comunidades wichí están cercadas por el desmonte", advirtió la abogada Mara Puntano.
Fuente: http://www.proteger.org.ar/
DESMONTES Y LEY DE BOSQUES
http://www.proteger.org.ar/desmontes
