La unión hace a la fuerza. Así lo entienden las casi 1600 bandas independientes que juntas conforman la UMI, una asociación civil con ganas de que mejoren las condiciones en las que se hace música en la Argentina. En más de un aspecto. Hace un tiempo largaron con los convenios que abaratan costos de fabricación de los cds y trabajan en silencio para "cambiar la forma en que circula la información, que se transformó en un bien económico", detalla Diego Boris, músico y titular de UMI.
En el próximo número de su house organ, la revista gratuita Unísono que tuvo tapas de Rocambole, Solano López, Fontanarrosa y en este un Clemente punk, por Caloi, prometen "romper con un secreto de 30 años". Y se refieren a que cada vez que un músico independiente edita un disco genera una suma de dinero como productor que se cobra en CAPIF. Norma a través de la cual Los Redondos tendrían derecho a reclamar.
Si bien ya llevan seis años en la lucha, la UMI logró cierta notoriedad a partir del cuestionamiento a la Ley del Músico, que todavía está en discusión. Y aunque prefieren el perfil bajo, no pudieron dejar de reaccionar ante la clausura masiva de los locales donde el under, sencillamente, vive. "No hay espacios ni públicos ni privados para desarrollar nuestra actividad laboral", se queja Boris. Marcando una consecuencia lógica: la concentración en pocas manos del negocio del rock. En tiempos en que YouTube y MySpace lanzan a la fama bandas en todo el mundo, ¿se decreta el fin de la autogestión?.
Por eso esta tarde a las 18 convocan a un encuentro de músicos en Avenida de Mayo 525, justo frente al GCBA, para juntar firmas que avalen una demanda. Explica Diego Boris: "Iniciamos acciones legales al Gobierno por falta de una política clara para permitir la música en vivo".
Es que inmediatamente después del incendio en Cromañón, los locales bailables clase C fueron clausurados masivamente y se establecieron nuevas reglas de seguridad para su habilitación, además de un permiso especial para recitales. "No buscamos que se repitan las condiciones que llevaron a la tragedia, estamos planteando las consecuencias laborales: no puede ser que el trabajo de mucha gente dependa de la voluntad política de habilitar o no un lugar", detalla y agrega: "por sobreactuación se instalaron normas impracticables".
Poner una firma, establecer un desacuerdo, instalar la problemática son las consignas para esta tarde, después de clausuras por decreto, habilitaciones por orden judicial y una suerte de "caza de brujas", esa es la impresión, que vive el sector. Porque, además, muchos bares con capacidad menor son escenario de las bandas independientes que hoy no tienen lugar para tocar.
Como están dadas las cosas, pareciera que el peligro está en la música. "Si un lugar está habilitado para 50 personas, si tiene las condiciones de seguridad para comer y poner un disco, está mal que exista un permiso especial para hacer música en vivo, como si lo peligroso fuera el instrumento", enfatiza Diego Boris, que hace ya un tiempo había elegido escenarios móviles para sus shows.
