Agostina Páez, una abogada santiagueña de 29 años, vive una pesadilla legal en Brasil desde hace más de dos semanas.
La joven difundió un video en TikTok donde expresó su angustia: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, manifestó visiblemente afectada.
Páez permanece retenida en Río de Janeiro con una tobillera electrónica y prohibición de salir del país por una acusación de injuria racial, un delito equiparado al racismo en la legislación brasileña que prevé penas de dos a cinco años de prisión sin posibilidad de fianza.
La situación se agravó cuando recibió notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a estar controlada electrónicamente. “Se están vulnerando todos mis derechos”, denunció la letrada, quien sostiene estar “a disposición de la justicia desde el día uno”.
EL INCIDENTE QUE DESATÓ EL CONFLICTO JUDICIAL
Todo comenzó el 14 de enero en un bar de Ipanema, cuando Agostina y sus amigas, tras pagar su consumo, fueron interceptadas por cinco empleados que exigían un pago adicional. Según su abogado defensor, Sebastián Robles, las turistas negaron los cargos extras y solicitaron hablar con el gerente, momento en que comenzaron insultos y provocaciones por parte del personal.
“Cinco personas no las dejaban salir”, explicó el letrado, quien presentó videos de cámaras de seguridad que muestran a un empleado realizando gestos obscenos y provocaciones. Páez admitió haber respondido con su propio gesto ante la situación: “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, relató. Ese momento fue grabado por otra persona y presentado como prueba en su contra ante la Policía Civil de Río de Janeiro.
SIN PLAZOS Y CON AMENAZAS: EL CALVARIO CONTINÚA
La situación de Agostina se tornó más delicada cuando tres personas ingresaron al departamento donde se alojaba, obligándola a mudarse por seguridad. Su padre, Mariano Páez, expresó su preocupación: “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”.
La defensa presentó un recurso de habeas corpus para que la abogada pueda regresar a Argentina y continuar el proceso de forma virtual, pero la medida cautelar no establece plazos concretos. “Le dicen que no pueden salir del país, pero no hasta cuándo”, criticó Robles, calificando la situación como “totalmente arbitraria”.
Mientras tanto, la Policía Civil enfatizó que “el crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”. El caso quedó en manos del juez Orlando Eliazaro Feitosa, quien deberá resolver los próximos pasos de este proceso que mantiene a la joven argentina en un limbo legal sin fecha de resolución.
