El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 29 de marzo de 2023 recoge un decreto que modifica el Canon Digital, un cambio con el que se introducen nuevos precios a la hora de adquirir productos electrónicos, como ordenadores, móviles, impresoras y periféricos, que tienen repercusión directa en el bolsillo de los usuarios.
La compensación equitativa por copia privada o canon digital es una tasa aplicada a los medios o dispositivos de grabación y destinada a autores, editores y artistas en compensación por las copias o el uso que se hace sus trabajos en el ámbito privado.
Inicialmente, este sistema lo sostenían las propias empresas y desarrolladores de estos dispositivos, esto es, equipos de grabación, aparatos de reproducción de contenidos y soporte de materiales, como CD, DVD, cintas o 'pendrives'.
Sin embargo, a finales de diciembre de 2012 el Gobierno español anuló este procedimiento y propuso un nuevo borrador para regularlo mediante el Real Decreto-Ley 20/2011 por el que se adoptaban "medidas urgentes en materia de Propiedad Intelectual". Entonces, se limitó el canon digital y se sustituyó por un nuevo sistema "con cargo a los Presupuestos Generales del Estados".
En junio de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció en contra de este sistema. A pesar de que seguía un modelo utilizado en otros países, donde también se pagan las compensaciones por copia privada mediante impuestos, este organismo insistió en que no se podía garantizar que el coste de dicha compensación solo fuera sufragado por los usuarios de estas copias.
Según el TJUE, este coste repercutía tanto en las personas físicas como jurídicas, cuando estas últimas deberían estar exentas de dicho gravamen. Meses después fue el Tribunal Supremo quien declaró "nulo" e "inaplicable" dicho real decreto.
Tras una revisión, a mediados de 2017 se volvió a implementar un canon digital que comenzaría a gravar con 1,10 dólares cada teléfono móvil y 3,15 dólares las tabletas, libros electrónicos y dispositivos similares. Entonces, el BOE indicó que se trataba de tasas transitorias que podrían cambiar en un futuro.
El Gobierno y, en concreto, el Ministerio de Cultura y Deporte, ha preparado ahora un nuevo decreto que vuelve a encarecer esta tasa, que señala como deudores a los fabricantes, importadores y distribuidores, lo que a la postre tendrá un impacto en el precio final del producto tecnológico que adquieran los consumidores.
Como sucede actualmente, estas cantidades se distribuyen entre las entidades de gestión de los derechos de Propiedad Intelectual y, a continuación, estas los reparten entre autores y editores (para el formato de libro), artistas, intérpretes, autores y productores fonográficos (música) y autores y productores audiovisuales para vídeo.
Esta medida no ha sido bien recibida entre fabricantes de dispositivos electrónicos y los propios usuarios debido al cambio en el modo de consumo de productos que no están libres de derechos de autor.
Si bien inicialmente el canon digital estaba justificado por la capacidad de copia y distribución de las obras acreditadas, actualmente se accede a este tipo de contenidos vía 'online', esto es, en 'streaming', y sin tener que almacenarlo físicamente en un soporte concreto, como puede ser una memoria externa.
Fuente EP.
