Preso porque sí: riesgos y temores de las detenciones "arbitrarias"

Esa noche, la del 19 de abril de 1991, tocaban Los Redondos de Ricota. Walter Bulacio estaba llegando tarde a Obras Sanitarias. La gente se apuraba para poder entrar al recital que ya estaba en sus inicios. Todo terminó mal. Walter tenía 17 años. La Policía encaró una razia frente a la puerta del estadio y el chico cayó preso con otros 72 jóvenes en la comisaría 35ª, en Núñez. Pocos días después, Walter murió en un hospital. Según la investigación, había recibido una paliza que lo llevaría a sufrir un derrame cerebral. El de Bulacio se transformó en un caso emblemático que desató un largo recorrido judicial que aún hoy no termina.

Entre otras cosas, los abogados de la familia Bulacio afirman que Walter fue llevado a un hospital sin que sus padres ni un juez de menores fueran notificados del arresto. Miguel Ángel Espósito, entonces jefe de la 35ª, quedó como principal acusado del homicidio y las detenciones. Hace pocos días (y a más de 17 años del crimen), el Gobierno ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos intervenir como querellante en las causas que investiguen la muerte de Walter. Esto provocó que estallara una nueva polémica.

El nuevo capítulo tiene como contexto una audiencia realizada en Montevideo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más allá de los anuncios, quizás lo más importante, en paralelo a esta fase del entramado judicial, es que, según se dijo, se revisarán las facultades de detención que tienen las fuerzas de seguridad: una resolución del ministerio ordenó informar sus derechos a los menores de 18 años detenidos, avisar a sus familiares, a los jueces y a las autoridades; no deberán exhibirle armas, ni alojarlos con mayores. "La persona menor de edad tendrá derecho a comunicarse libre y privadamente", se informó.

Pero según denunció la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), "el decreto –del Gobierno- fue sacado para tener algo que decir en la audiencia ante la CIDH", que había ordenado dos cosas centrales: terminar de una vez la causa penal contra Espósito, y eliminar de su sistema todas las facultades policiales para las detenciones arbitrarias ("sin orden judicial ni en situación de flagrancia"). La CORREPI marcó también como una mentira que el Gobierno haya decidido derogar la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas y contravencionales. "Vamos a convocar a una comisión de notables, un ámbito de discusión para estudiar cómo hacer esas reformas", enfatizó la representación estatal.

"¿Hace falta una comisión consultiva, con personalidades "notables", para que el Gobierno le ordene a su policía que no detenga a nadie, salvo que esté cometiendo un delito o se lo pida un juez?", acusó la CORREPI. La Coordinadora resaltó en Montevideo que, al igual que en el caso de Walter, mucho de los llamados casos de gatillo fácil registrados en sus archivos, "corresponden a personas detenidas en comisarías sin haber cometido delito alguno, en virtud de las facultades policiales para identificar o averiguar antecedentes , o de los códigos de faltas o contravenciones". Un informe presentado ante la CIDH por la CORREPI, el CELS y el CEJIL, describe al menos unos quince casos similares al de Bulacio, todos ocurridos en comisarías argentinas después de la sentencia de la CIDH de septiembre de 2003.

En ese sentido, la CORREPI insiste en que se derogue la ley 23.950 (de averiguación de antecedentes) y los códigos contravencionales o sus normas locales en todo el país. En 2007, el único imputado por la muerte de Bulacio denunció por "encubrimiento" a la fiscal Mónica Cuñarro y al juez Facundo Cubas. Según el comisario, ambos incumplieron justamente una sentencia de la CIDH, que ordenaba investigar lo ocurrido y a todos los responsables del caso: "El encubrimiento tiene por fin evitar que se responsabilicen a las personas que me dieron las órdenes para el operativo que se había organizado en el estadio Obras esa noche (la de la muerte de Walter) y a quienes pergeñaron el mismo", argumentó.

La causa judicial por el crimen de Walter siempre fue enredada. Desde 1996 hay un pedido de 15 años de prisión para el ex jefe de la 35ª. Pero hoy, a 17 años del homicidio, no hay condena. Graciela, madre de Walter, le dijo a Clarín hace un tiempo: "Espero que algo cambie con la Policía. Pero no creo. Desde la muerte de mi hijo se produjeron otros casos similares. Lamentablemente, hasta que no cambie el sistema no va a haber una solución". Declararon más de 200 testigos, intervinieron más de 30 jueces y se acumularon miles de fojas en la investigación. Sin embargo, la Justicia no logró dar respuesta a qué pasó con Walter Bulacio. Ahora, se reabre un viejo debate: el de las detenciones arbitrarias.