Mientras las autoridades nacionales informaron que en los últimos días se detuvieron a alrededor de 33 mil personas por circular sin autorización durante el aislamiento preventivo y obligatorio en diversos puntos de la Argentina, en Mendoza anunciaron que aquelllos que incumplan la ordenanza deberán trabajar para el estado provincial en forma gratuita, ya sea en municipios, hospitales, escuelas o dependencias policiales.
En este orden, el Procurador General de la provincia, Alejandro Gullé, aclaró que "en los casos en que los imputados por violar la cuarentena no aparezcan como acusados de algo doloso o buscados, trabajarán gratis para el Estado”.
El jefe de fiscales explicó que el 90 por ciento de los 1355 detenidos que hubo en Mendoza "son gente joven de 18 a 30 años, en plena edad laboral, que si se los condena, peligra la posibilidad de trabajar. Hasta pueden echarlos de sus trabajos, así que no queremos generar antecedentes y perjuicios”.
"Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales”, agregó el funcionario.
De todas maneras, Gullé dejó bien en claro que para aquellos detenidos, que presenten antecedentes penales, "habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años de prisión”.
